Durante el lunes, el ministro del Interior, Guillermo Francos, fue tajante al responder sobre una de las dos llaves que destrabarían el conflicto entre las partes: el Impuesto País y Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS).

“El Gobierno no acepta coparticipar el Impuesto País. Es un impuesto transitorio que termina cuando termina el cepo”, subrayó y agregó que “la transitoriedad hace que no sea factible coparticiparlo”. Además, afirmó que el presidente Javier Milei “tiene la facultad de vetarlo” debido a que “ha sido claro en la decisión de que no coparticiparlo”.

Quien puso sobre la mesa nuevamente el gravamen como carta de negociación fue el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. De ceder en este punto, la Nación perdería una gran fuente de ingresos. La novela inició hace una semana atrás, en el CFI. Allí, Francos habría dado indicios de que la Casa Rosada estaba dispuesta a ceder parte de la recaudación.

Sin embargo, esto fue desmentido de manera oficial por Balcarce 50. Francos regresó el viernes pasado al Congreso por pedido explícito de diputados dialoguistas para que sea el puente político con la Rosada. Las negociaciones se dieron en el despacho del presidente la Cámara de Diputados, Martín Menem. Todo mientras la sesión continuaba en el recinto.

Un legislador de alto perfil confesó que si Francos no se presentaba en el Palacio Legislativo la ley se caía. De hecho, la falta de praxis política del Gobierno con los bloques hizo colmar la paciencia de algunas espadas del PRO, que acompañarán a La Libertad Avanza en la totalidad de los artículos.

La otra vía que habilitó Llaryora para destrabar el conflicto es el FGS y hace hincapié en que el Ejecutivo se comprometa a regularizar el flujo de dinero a aquellas cajas previsionales armonizadas, es decir, las que cumplen con los estándares que les solicita la Nación. Si bien son 13 las cajas, Córdoba y Santa Fe pertenecen al selecto grupo que cumple con estos estándares.

Si el Ejecutivo no concede este pedido, los legisladores cordobeses juntarían los votos necesarios para darle luz verde a la coparticipación del Impuesto País, tras la redacción de un nuevo artículo. Tendrían el apoyo también del ala santafesina dialoguista con terminales en el gobernador Maximiliano Pullaro.

El Impuesto País es una alícuota que se cobra a todas las operaciones de venta de dólares oficiales que se hacen en el mercado local. Al principio era solo para la compra de billetes para atesoramiento y para el pago de servicios al exterior.

A su vez, cuando una empresa solicita al Banco Central de la República Argentina también abona ese tributo que, según informó la Administración Federal de Ingresos Públicos, en enero recaudó en enero $469.199 millones.

En este contexto, los bloques dialoguistas mantuvieron este lunes reuniones por separado. Según pudo reconstruir esta agencia, los radicales hicieron un repaso general de los más de 300 artículos que empezarán a votarse mañana y no hubo variación de posiciones con respecto a la semana anterior.

Un dato llamativo fue la ausencia del diputado Facundo Manes, que votó negativamente el proyecto en la votación general, en plena disputa de poder frente al liderazgo que ejerce el jefe de bloque correligionario, Rodrigo De Loredo.

Por su parte, el PRO se mantenía alineado en su totalidad con el Gobierno nacional, mientras que el bloque Hacemos Coalición Federal, de Miguel Ángel Pichetto, se reunió en una oficina de las inmediaciones del Parlamento. La Libertad Avanza tendrá su propio cónclave a las 12.30, a pocos minutos antes del inicio de la sesión.

Quitando el escollo mayor (Impuesto País), las principales diferencias entre el oficialismo y los dialoguistas marchan por los artículos vinculados a las facultades delegadas y privatizaciones. Difícilmente haya unanimidad interna en la UCR y Hacemos Coalición Federal para votar favorablemente estos puntos con la redacción actual.

Por otro lado, tampoco encontraría el visto bueno de los legisladores alineados con respecto a la ley Guzmán, algo que Milei aspira a modificar y tener autonomía a la hora de tomar o restructurar deuda externa. El jefe de Estado pretende gambetear al Congreso y empoderar a Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía.