Se trata del "Programa Emplea PyME", que ingresó el jueves en la Cámara de Diputados y apunta a incentivar la contratación en el sector privado de jóvenes de entre 18 y 25 años y de personas con discapacidad.

Para las empresas que se acojan a las condiciones del programa, se ofrece la reducción significativa de contribuciones patronales y la posibilidad de regularizar relaciones laborales no registradas sin sanciones penales ni penalidades económicas.

Entre los beneficios para los empleadores de empresas Pyme se encuentra una reducción del 100% de las contribuciones patronales durante dos años desde el inicio de la relación laboral a partir de la entrada en vigencia de la ley para cualquier tipo de persona.

Para las empresas más grandes, en cambio, la reducción del 100% de las cargas patronales aplica únicamente para cuando se contraten jóvenes y titulares de planes sociales, mientras que para las personas que no cumplan con las características mencionadas la reducción propuesta es del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.

Los trabajadores beneficiarios de planes sociales que ingresen al programa tendrán la obligación de capacitarse y completar cursos de formación, en tanto que podrán mantener durante un año la asignación del programa social como complemento a su salario.

Por otro parte, se brinda a los empleados privados la posibilidad de regularizar relaciones laborales no registradas con el objetivo de incrementar la formalidad laboral.

De esta manera, la empresa "podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral" quedando eximida de sanciones penales, al tiempo que podrá subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL), y acceder a la condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.

Concomitantemente, al trabajador se le reconocerá hasta 60 meses de aportes no ingresados por la empresa durante el período en que haya trabajado en negro.

Como requisito para conservar los beneficios, las empresas no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.

"La inclusión activa de las personas al trabajo registrado de calidad es el medio más idóneo para promover su inclusión social plena, la mejora de sus ingresos y de sus condiciones de vida y las de sus grupos familiares", se señala en los fundamentos de la iniciativa.